4/8/08

Los fantasmas de Bojayá

(otra nota que nunca será publicada en los medios masivos. Seis años son demasiados para que a alguien le importe lo que le pasó y lo que le pasa a esta gente. La comparto por estos lados)

Por Paco Gómez Nadal
Minelia sabía que no estaba bien esto de que cabezas y troncos no estuvieran juntos. Hay ciertas cosas que no deben suceder. Hasta en la muerte debería haber reglas. Tampoco consideraba Minelia que vivos y muertos debieran yacer revueltos entre vísceras y lluvia. Por eso, Minelia gastó su tiempo entre las balas cruzadas de paramilitares y guerrilla en dos tareas urgentes. La primera, regalarle pequeños sorbos de agua con sal a modo de suero improvisado a las pocas personas que habían quedado con aliento dentro de la iglesia de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá (Chocó), y que no alcanzaron a hacerse oír y así escapar del infierno con el resto de aterrorizados supervivientes. La segunda requería de más pericia: poner junto a cada cuerpo ensangrentado de las decenas de niños que dejaron de serlo ese 2 de mayo de 2002, la cabeza con la que nacieron y de la que se separaron cuando las FARC lanzaron dos tanques de gas convertidos en bombas caseras sin precisión que cayeron en la iglesia donde se protegían de las balas unos 500 civiles.
Minelia, en este juego de apariencias, es la loquita del pueblo pero esa noche demostró tener más frialdad y humanidad que cualquiera. Más, eso seguro, que El Alemán –Freddy Rincón-, el jefe del Boque Élmer Cárdenas de los paramilitares que tomaron este pueblo unos días antes de la tragedia y que ha reconocido haber presenciado los largos días de batalla campal entre armados desde una avioneta, “con binoculares”. El Alemán, en las versiones libres rendidas ante la fiscalía colombiana, dentro del marco de la denominada Ley de Justicia y Paz, sólo reconoció ser responsable de una muerte: la de Minelia.
Los binoculares debían estar mal calibrados, porque Minelia, seis años después de esa matanza, la mayor en la historia sangrienta de Colombia, que dejó casi 90 muertos, 100 heridos e hipotecó el futuro de las otras 1.500 almas que poblaban Bellavista, sigue viva y habla, y habla, dicen unos que sin sentido. “Es la que dice más verdades en este pueblo”, refuta Coca, o Bernardina Vásquez, una de las líderes naturales de este pueblo ahora desgajado, trasplantado a la fuerza, despistado y enfrentado.

Trasplantados a la fuerza
Hasta septiembre de 2007, Bellavista era Bellavista. Un pueblo como tantos otros a las orillas del contundente río Atrato, expuesto a todos los actores de esta guerra colombiana que dice no ser guerra, a las crecidas de este caudal que asusta, al abandono estatal, a la lluvia que a veces parece incesante en esta región calificada como una de las de más pluviosidad del planeta. También era un lugar tranquilo. Allí, en las precarias bancas de madera clavadas en la ribera del Atrato he tomado algunos de los mejores rones de mi vida y he conocido a sus gentes, acostumbradas a convivir con el río, dispuestas a no perder la partida ante la pobreza. “No nos dejan disfrutar de esta tranquilidad”, me decía en julio de 2007 una muchacha de mirada triste y sonrisa floja.
Desde septiembre de 2007, Bellavista ya no es Bellavista. En ese mes, los últimos moradores fueron trasplantados a lo que el gobierno denomina Nuevo Bellavista y que la voz popular llama Severá –porque fueron años de promesas incumplidas hasta que se levantó este pueblo artificial a un costo de 34.000 millones de pesos colombianos (unos 15 millones de dólares)-. El viejo Bellavista es hoy un esqueleto sin piel. Lo camino con Carmencita, una de las cuatro misioneras agustinas que se han quedado como únicas habitantes de este pueblo fantasma sin fantasmas. Propios y extraños se han robado la madera de las casuchas, el piso del centro de salud, los techos de zinc… Lo que quedaba, ha sido pasto de las llamas en las que soldados colombianos han enterrado la memoria de este lugar. Solo queda en pie la iglesia donde ocurrió la matanza y la sólida casa donde viven las agustinas. Carmencito reúne en sus 150 centímetros de altura la dignidad de los que resisten. “Nunca estuvimos de acuerdo con como se hizo lo del nuevo pueblo, fue un chantaje”. Y así fue. Presencié en 2003 una reunión de la comunidad con Everardo Murillo, el responsable del proyecto por parte del gobierno nacional. Las opciones eran dos: o el nuevo pueblo tal y como lo habían diseñado los burócratas desde Bogotá o nada. Demasiados años de nada como para despreciar 265 casas nuevas.
Eso sí, hay maneras muy diferentes de describir Severá. Llego al Nuevo Bellavista en el bote de Macedonio, de un verde desgastado y con esas sillas plásticas recortadas en sus patas que hacen la vez de butacas de primera en el Atrato. Compró el renqueante motor de 15 caballos de potencia con parte de los 13 millones de pesos (unos 7.000 dólares) en los que el Estado valoró la vida perdida de su hijo de seis años, una de las víctimas de aquella matanza. “Ahora hay que subir todo porque hay ladrones en el pueblo. Uno no puede dejar nada en el bote. La Policía está ahí y no hace nada”.
La cuesta para subir al Nuevo Bellavista se torna descomunal en este calor sofocante. El barro corre por la loma como testigo de la lluvia que inundó las nuevas calles hace unas horas. Es medio día y casi nadie está en estas calles sin árboles donde el sol multiplica su poder. Las casas –diseñadas por la comunidad según el pomposo informe especial de la Presidencia de la República- fueron pensadas para otro lugar, seguro. No hay un solo vecino que recuerde haber participado en el diseño de estas cajas de fósforos, con poca ventilación y cuyas paredes de bloque acumulan el calor del día para convertirlas en hornos en la tarde.
Los pisos son de cemento sin pulir, sin pintar, sin nada. Las pocas paredes repelladas –“dicen que van a ir repellando todas”- son tan precarias como el clima. Durarán poco.
El balance final de la Presidencia se hizo a propósito de la visita del presidente Álvaro Uribe el pasado 23 de octubre para entregar este decorado de pueblo. Se hizo acompañar del secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez y de varios congresistas de ese país. El show fue casi perfecto. El informe oficial asegura que desde todas las casas se ve el río para mantener la cultura de estas gentes. Debe ser desde el techo, y no desde todos. El barrio conocido como las 80 casas está a más de un kilómetro del río. “Yo echo de menos mucho el otro pueblo, allá teníamos nuestro río y se conseguía la comidita fácil”, me dice una vecina que se esconde del calor tras los muros de su nueva casa. En el restaurante Punto y Coma –dos mesas acomodadas en la entrada de una casa como las otras- ya no acompañan el arroz y el pollo con patacones fritos de plátano verde, sino con un banano crudo. Extraña mezcla que se explica porque los botes que pasan por el río vendiendo pescado y plátano –ingredientes básicos de esta supervivencia- ya no paran en el Nuevo Bellavista por lo lejano de las casas. “Cuando paran, entonces cobran más caro por vender arriba. Le digo que estamos pasando apuro con la comida”.
No hay mucho que hacer acá. Ya no hay centro del pueblo, que antes se identificaba en el triángulo formado por la iglesia, la escuela y la cancha de fútbol del viejo Bellavista. Bueno, y por las tiendas-bares que se ponían en fila frente al río para construir un malecón ficticio. Ya no hay grupos de vecinos reunidos. Sólo se ve la actividad de los policías armados para combate y cuatro hombres jóvenes que beben cerveza en el lejano billar de la entrada.
“Con los policías ha entrado la vagabundería. Ahora se vende marihuana y bazuko (crack) y los pelaos (muchachos) la pasan tomando cerveza con ellos y aprendiendo malas cosas”. La queja de otra de las mujeres que guarda nombre para salvar vida se mezcla con el silencio generalizado sobre casi todo. “Es que hay informantes infiltrados y uno no sabe quién es quién”. Un silencio que según todas las fuentes también ha sido comprado en forma de empleos oficiales para los principales líderes del pueblo que hasta 2005 fueron respondones y ahora son corderitos.

La nueva guerra
La guerra en esta zona del Atrato ha cambiado de forma, no de crueldad. Cuando pisé por primera vez esta región, en 1998, el río era controlado por la guerrilla y los paramilitares desafiaban ese dominio entrando por tierra a las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde a punta de sangre y desmembramientos abrieron espacio para los cultivos de Palma Africana. En esos últimos y amedrantadores años del milenio no había transporte público por el río, las tomas violentas de uno u otro grupo se sucedían en Vigía del Fuerte, Mutatá, Pavarandó, en los ríos, en toda parte.
La matanza de Bojayá fue un punto de inflexión que reorganizó el control territorial y modificó sustancialmente la estrategia del Estado. Entré a Bellavista el 4 de mayo de 2002, dos días después de que, en medio de los enfrentamientos, 90 vidas, la mayoría de menores de edad, convirtieran la iglesia en una tumba abierta.
Para llegar allá, superamos al menos siete controles de la guerrilla, que dominaba Vigía del Fuerte, población en la otra ribera del río, frente a Bellavista. Allí se apelotonaban guerrilleros del Frente 58 de las FARC y víctimas del desastre. En Bellavista, junto al cementerio, como metáfora de esta guerra, se enfrentaban unos 250 paramilitares contra unos 500 guerrilleros. Una lucha desigual que trataba de compensar el ejército con bombardeos selectivos que mantuvieron a la población civil bajo las colchonetas y sin la posibilidad de hacer el duelo. La mayoría de los muertos de la iglesia fueron a parar a una fosa común que hoy nadie visita.
Hoy el Ejército y la Policía colombianos están en los principales núcleos de población. Lanchas rápidas artilladas –pirañas-, patrulleras y puestos de control se reparten a los largo del río generando una ficción de control que se debilita con la realidad. Nada evitó a mediados de mayo que la guerrilla robara un bote con mercancía en un punto conocido como Brazo de Buchadó, nada evita que los miembros de Aguilas Negras –paramilitares reagrupados bajo otro nombre- estén en Vigía del Fuerte o en Quibdo, la capital del departamento del Chocó.
Todo es más sutil ahora, pero igual de peligroso para la población civil. “Desaparecieron a un vecino en Napipí hace 10 días”, “De Bellavista se han tenido que ir cuatro muchachos que aparecían en una lista de los paramilitares”, “En el Bajo San Juan mataron a un líder indígena y desaparecieron a otros cuatro”… los relatos son interminables. “Pero ahora es muy difícil tener información, que la gente denuncie. Hay mucho miedo por los infiltrados. Los derechos humanos se siguen violando pero ahora, además, no existe el derecho a la libre expresión”, se queja Uli Kollwitz, de la Comisión Vida, Justicia y Paz.
Y las comunidades están más solas. El dinero y las presiones han sembrado la división en muchas de las organizaciones civiles de resistencia que lograron que estos pueblos no se desmoronaran en los duros años entre 1997 y 2002, Naciones Unidas se excusa en las reuniones privadas con el argumento de que todo lo que ocurre es tema de narcos y en Colombia el Chocó sigue siendo el lugar lejano, inhóspito e inviable que siempre han retratado los medios y los opinadores.

El peso de las mentiras

La metamorfosis de la guerra contamina casi todo. Antún Ramos es el sacerdote que se convirtió en un héroe para la población de Bellavista el 2 de mayo de 2002 cuando, bandera blanca en mano, logró arrastrar entre las balas a los supervivientes de la iglesia hasta los botes en los que huyeron del infierno. Ahora, Ramos es párroco en el barrio Las Américas de Quibdó. Está orgulloso de las obras que está haciendo en su nuevo destino, pero no sale del asombro de la declaración de El Alemán ante la fiscalía en las que éste lo responsabiliza de la muerte de ese mundo de civiles por meterlos en el templo y, según el paramilitar, haber cerrado con llave.
“Yo no sé si hay que contestarle a ese hombre…”. Esa duda ronda en todos a los que El Alemán ha untado con sus palabras. “La sensación es que lo que él dice vale más que lo que nosotros vivimos”, insiste Coca desde su nueva casita en Bellavista.
Rosa Emilia Córdoba, a sus gastados 48 años, describe a las víctimas de otra manera: “Somos las sobras del mundo”. Esta mujer carga como una losa en su alma la muerte en aquella iglesia de su hijo Ilson, de 19 años, de su madre Rufina, de 76 años, y el estigma de ser desplazada en Bojayá. Rosa no había vuelto a Bellavista desde que salió de allá el 4 de mayo huyendo en pijama, con una hija de 15 años herida de bala y dejando atrás todo lo material y sus dos muertos. Viajó hasta allá el pasado 28 de mayo para escuchar las grabaciones con las palabras de El Alemán que la fiscalía presentó a la comunidad para someter a una especie de terapia colectiva de 6 horas y dudosos beneficios a los habitantes fantasmas del nuevo pueblo. “no me atreví a ir al pueblo viejo, demasiados recuerdos. No pude”. Como tampoco va poder regresar a vivir en la casa que le correspondió: “Yo no quiero regresar a mi pueblo por los recuerdos, como por la tristeza y bueno… por la rabia que tengo. Rabia con la guerrilla, rabia con los paramilitares y… y con el Gobierno oiga, que eso no debía de haber pasado”.
Rabia y resignación son los dos estados que más aparecen cuando se pregunta a estas gentes cómo están seis años después. Han tenido que esperar este tiempo para que un juez administrativo de Quibdo confirme que el Estado es responsable por omisión de aquella matanza, ya que recibió alertas tempranas de diferentes organizaciones días antes del suceso, advirtiendo de la inminencia de un choque armado de grandes dimensiones en pleno casco urbano. Seis años para escuchar eso y para sentir aun que no se ha hecho justicia. Ahora, en Quibdo se encuentran cientos de desplazados de aquellos miles que salieron de todo el municipio de Bojayá en 2002. Los estudios señalan que apenas regresó el 60% de los huidos. No hay empleo en una ciudad sin fuentes de empleo y las condiciones de vida son muy precarias. “De mi familia cayeron 12 en esa iglesia. Yo no pienso volver, tengo todavía el nervio en el cuerpo”. Miriam Martínez, de 58 años, habla con los brazos cruzados y la tristeza enquistada. Junto a otras cinco mujeres trabaja por unos pesos fabricando hostias para las iglesias. “Es poca plata, pero lo agradecemos, aquí es difícil amañarse [sentirse bien] porque nos miran como si con nosotros llegara todo lo malo”.
Seis años han pasado y la sensación de frustración es más fuerte que la posibilidad de un futuro. A Bellavista entré en plenos combates el 4 de mayo de 2002 con la primera comisión humanitaria que rompió el cerco de miedo y riesgo. Estaba conformada por miembros de la Diócesis de Quibdó, los únicos que han estado con los civiles todo el tiempo, sin pestañear. La religiosa Yaneth Moreno iba en ese bote y con ella estuvimos bajo los bombardeos y retenidos por la guerrilla en la retaguardia del frente de esa guerra. Hoy, la hermana Yaneth siente que nada mejora, aunque sigue luchando con la misma energía. “Es tan frustrante ver como no solo las cosas han vuelto a ponerse tan mal sino que los medios en Colombia ya no están interesados en nada de lo que ocurre. Ahora estamos en el silencio”. Cuando me dirijo al aeropuerto de Quibdó, de salida, siento que volver acá es regresar a la realidad más perversa de Colombia, la que queda solapada tras los aspavientos de los Uribes, los Chávez o de los bravucones armados de uno u otro bando. Y al caminar hacia el avión, volteo la vista y una pancarta me recuerda que en esta guerra, como en casi todas, la verdad queda solapada por los discursos y las mentiras: “Bienvenidos al Chocó, tierra de biodiversidad y seguridad. Policía Nacional de Colombia”. Ciao.

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Esto tampoco de lo dejaria publicar. El pueblo, que somo s todos, somos estupidos y de memoria blanda.
Esto lo tomo de otro blog y de seguro es pura propaganda subversiva!!!
o puede que sea LA VERDAD.

El prontuario de mi general:;

"El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios.

Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació el 29 de abril de 1949 en el occidental Valle del Cauca.

A lo largo de su carrera ha recibido más de 20 condecoraciones, entre ellas la medalla del ejército de Estados Unidos. Ha ejercido labores de comandancia en buena parte de su país y tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, afirma su currículum en el sitio en Internet del ejército.

Siguió estudios en la Escuela Superior de Guerra, un curso avanzado de vehículos blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y se desempeñó como agregado militar en Gran Bretaña.

Un cable despachado en 1979 por la embajada de Washington en Bogotá, desclasificado a pedido del no gubernamental National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, "revela que un batallón de inteligencia del ejército colombiano ligado a Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979", señaló el investigador Michael Evans en un artículo publicado en junio de 2007 en la revista Semana.

"Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años", agregó.

Evans, investigador del NSA, también se refirió al hallazgo en marzo de 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas "asesinadas durante el mismo período" en que Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, "financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes en esta región entre 1999 y 2001".

"Los documentos desclasificados señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando de Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, donde fue descubierta la fosa común", agregó, en referencia a una ciudad de Putumayo.

Montoya era jefe de la IV Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, cuando se cometió la matanza de 119 civiles en la aldea de Bellavista, el 2 de mayo de 2002.

A pesar de tres advertencias efectuadas días antes sobre el inminente peligro que corría la población civil, la fuerza de seguridad pública no se hizo presente en la zona, ni tomó acciones para proteger a los habitantes.

El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, tras pasar por un retén permanente de la marina de guerra, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.

Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las FARC observaba desde el área rural.

El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al gobierno su "preocupación" por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles. El 24 y el 26, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se unieron a la advertencia.

El 1 de mayo comenzaron los combates entre las FARC y las AUC. Más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, detrás de la cual se parapetaron los paramilitares. Al día siguiente, los guerrilleros arrojaron una pipeta de gas rellena de explosivos, que cayó en el templo, matando a 119 personas, entre ellos 44 niños, y dejando más de 100 heridos y mutilados.

El ejército se hizo presente cinco días después. Sobrevivientes de aquella tragedia relataron el año pasado a IPS la llegada del general Montoya al lugar y cómo, frente a las cámaras de televisión, lloró por los pequeños muertos, exhibiendo un zapatito infantil de una costosa marca desconocida para los niños de la zona.

En mayo de este año, un tribunal administrativo determinó en dos sentencias que el Estado es responsable por no haber protegido a la población, y ordenó el pago de una indemnización de 1.552 millones de pesos (poco más de 870.000 dólares) a las familias de las víctimas. Todavía hay pendientes otras 14 demandas civiles.

La justicia militar y la Procuraduría investigaron por omisión a los militares implicados en estos hechos. Pero Montoya continuó su carrera y fue ascendido, aunque poco después, en octubre de 2002, se vería envuelto en otro hecho polémico.

Un informe en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, filtrado al diario de ese país Los Ángeles Times que lo publicó en marzo de 2007, indica que Montoya y un grupo paramilitar, el Bloque Cacique Nutibara, "planificaron y condujeron una operación militar para eliminar guerrillas marxistas de los suburbios pobres de Medellín, una ciudad del noroeste de Colombia que ha sido centro del narcotráfico" .

La llamada Operación Orión comenzó a las dos de la madrugada del 15 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Al menos 14 personas fueron muertas, y testimonios de habitantes y de organizaciones de derechos humanos aseguran que unas 50 más desaparecieron en las semanas subsiguientes.

"Vamos a continuar, y lo que estamos haciendo en la Comuna 13 es un mensaje contundente a los violentos, que es: desistan, vamos a llegar a todo el país porque la guerra de guerrillas urbanas no tiene cabida en Colombia", afirmaba Montoya en un texto fechado el 21 de octubre en el sitio web de la presidencia del país.

Las acciones del Bloque Cacique Nutibara duraron dos meses en la Comuna 13 y, según testimonios de desmovilizados, se coordinaban con las autoridades.

El reporte de inteligencia de la CIA incluye información de otros servicios de espionaje occidentales e indica que funcionarios estadounidenses han recibido informes similares de otras fuentes confiables, según los periodistas Greg Miller y Paul Richter, que escribieron el artículo del LA Times.

El informe fue filtrado al diario por una fuente que sólo aceptó ser identificada como empleado del gobierno de Estados Unidos. La CIA no confirmó ni desmintió la información, pero solicitó al periódico que no publicara ciertos detalles.

Además de su estrecha colaboración con oficiales estadounidenses en el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia, Montoya fue instructor de la ex Escuela de las Américas, llamada desde 2001 Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.

El miércoles por la noche, cuando el gobierno presentó por televisión cómo se planeó y ejecutó la operación de rescate de Betancourt y los otros 14 rehenes, el presidente Álvaro Uribe reveló que Montoya fue el comandante operativo de la exitosa misión, y recordó elogiosamente, aunque sin comentarios, la operación en la Comuna 13 de Medellín.

Uribe mencionó que ese día le habían llegado mensajes de miembros de la fuerza pública que le manifestaban que estaban presos "injustamente" , y le pedían que "abogue por nosotros".

"Este es un estado de opinión", dijo Uribe y pidió a las organizaciones humanitarias: "Crean en Colombia, en este gobierno; este respeto a los derechos humanos en este operativo no es episódico".

A los jueces, el presidente les pidió "respetuosamente" que revisaran los casos de los militares presos y "donde de pronto haya un error, se corrija".

Anónimo dijo...

Esta entrevista con el paraco HH es importante tambien que quede en el archivo, seria bueno que lo bajes al archivo:

http://www.wradio.com.co/realarchi2.asp?id=646665

Anónimo dijo...

Mas de HH y Uraba:
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa

¿Qué pasa con la verdad para las víctimas?

He visto que ha sido muy difícil tomarles versión a los otros comandantes que fueron extraditados. Ha sido imposible. Entonces creo que la verdad si quedará mocha, sin terminar de contar ya que como usted sabe, una guerra tan larga y tan atroz no se cuenta en un mes o dos meses. Hay gente que dice que no se está contando la verdad. Lo que pasa es que la guerra no se cuenta de un día para otro. Fueron muchos años de guerra y muchos los muertos. En mi caso personal, he tratado de que me oficien lo más ligero posible pensando en la extradición pero creo que a la verdad sí va a quedar faltándole mucho.

¿No cree que con su extradición, como con la extradición de los otros jefes paramilitares, van a descansar muchos militares, políticos y empresarios?

Yo creo que sí porque de todas maneras justicia y paz está aclarando quiénes apoyaron, quiénes financiaron, quiénes se beneficiaron de las autodefensas, y yo creo que la gente está más temerosa de que nosotros sigamos hablando.

¿Pero Velasco ha dicho que ha sido un opositor del paramilitarismo?

Pues todos los senadores, representantes o políticos que han resultado mencionados han dicho que son enemigos nuestros y que nos han combatido. Y a todos se les ha comprobado que sí tenían vínculos con las autodefensas. Nosotros estamos como la novia fea, en la noche nos acariciaban y en el día no nos voltiaban a mirar.

Usted habla de un caso sensible para Colombia: Jaime Garzón. Usted dice que fue una vuelta para ayudarle a los militares. ¿A quiénes?

Carlos tenía muchas relaciones a nivel nacional muy importantes. Pero las manejaba solo. Cuando sucedió lo de Garzón a Carlos le dio muy duro y se arrepintió totalmente porque el crimen impactó al país y todo el país se vino encima. Fue un hecho que marcó a Carlos. El problema de un movimiento político-militar es que hay hechos militares que acaban con todo lo político y con la muerte de Garzón pasó eso. Carlos toma la decisión y matan a Garzón. Eso que dicen que Garzón se dio cuenta que lo iban a matar y fue a la Picota y que Ángel Gaitán Mahecha lo puso al teléfono, todo eso es verdad. Carlos le negó ahí que lo iba a matar pero las cosas no se arreglaron porque la orden ya estaba dada y todo estaba andando. En la geurra hay cosas que uno hace que uno cree que no es capaz de hacer o nunca cree que va a tomar esas decisiones pero en la guerra uno tiene que tomar decisiones.

Pero si Carlos se arrepintió del asesinato, ¿fue porque estuvo mal informado?

La información que se tenía era que él tenía alguna vinculación con el ELN y que venía siendo intermediario entre familiares de secuestrados y esa guerrilla. Gente del alto mando Ejército le dio esa información a Carlos. Eso tenía muy molesto al Ejército. Yo siempre fui cercano a la casa Castaño y por eso me enteré de detalles pero eso era un tema casi vetado para Carlos, porque a lo último ya no hablaba de eso. Llegó al punto de hasta negarlo, como lo hizo en su libro ‘Mi confesión’. No conozco qué militar le dio la información a Castaño. Si lo supiera, lo diría. Así los ex militares que están tratando de acallarme sigan tratando de hacerlo. Carlos era el único que sabía qué militares hicieron la vuelta.

¿Y uno cómo hace para secuestrar en una brigada?

¡Con la complicidad del Ejército! Yo me los llevé en el mismo carro de la brigada, un trooper rojo carpado. Sacamos a los dos detenidos del calabozo, eran del V frente de las Farc. Ellos habían secuestrado a una señora en Buenaventura y el coronel Danilo González, visitándonos en Medellín, nos entera del caso y nos dice que las negociaciones se están realizando desde el Urabá. Nosotros investigamos y cayeron estas personas. Entré yo a la Brigada, las saqué, las llevamos hasta Buenaventura y los desaparecimos. El general Rito Alejo era el comandante de la Brigada.

Hubo muchos muertos a manos de las Autodefensas presentados como guerrilleros dados de baja en combate?

Yo andaba como Pedro por su casa. Entraba a la brigada, al cuartel de la Policía, y hacía lo que quería. Yo hablaba de muchas personas de la Fuerza Pública porque yo lo he dicho siempre: nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Su obligación era defender la vida de esas personas, fueran o no ilegales. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder. Pero ellos también han de responder. En Urabá cuando empezamos, todos los cuerpos se dejaban donde se mataba a la gente. Después de un tiempo la FP comienza a presionar: que nos dejan seguir trabajando, pero que desaparezcamos las personas. Ahí es donde se empiezan a implementar las fosas comunes.

¿Usted quiere decir que la idea de los cementerios de los paramilitares fue idea de la Fuerza Pública?

Inició por pedido de la Fuerza Pública. Porque eso subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenía. Entonces nos decían: ‘desaparezcan y los dejamos trabajar’. Y nosotros desaparecíamos.

¿Qué otros oficiales tuvieron relación con las AUC en el Urabá?

Toda la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba libremente en una Hilux blanca, que llamaban ‘camino al cielo’, y asesinábamos personas todos los días, en todos los municipios del Urabá. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilado, y no me capturaban. La única que denunciaba era la doctora Gloria Cuartas. ¿Pero por qué no nos capturaban? Porque todos nos apoyaban.

En ese contexto uno podría decir que el proyecto de las autodefensas fracasó porque no pudo acabar con la guerrilla?

La guerrilla está, pero no está tan fuerte como antes. Cuando nosotros empezamos en las AUC la guerrilla tenía el control de todo el país, como en el Urabá. Hoy en día la guerrilla está en sectores marginales. Por eso el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros, cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue un éxito total. El fracaso fue la negociación. El problema fue el narcotráfico, el verdadero acabose de las autodefensas

Usted ha hablado de una cifra bastante escabrosa: que gente bajo su mando asesinó a tres mil personas. ¿Cómo hace uno para conciliar el sueño sabiendo que mató a tanta gente?

En las autodefensas hay dos clases de comandantes: unos que participamos en la guerra y que la hicimos, y otros que se vestían de comandantes y ordenaban a otras personas a hacer la guerra. Hace poco, le pedí perdón a cinco madres por la desaparición de sus seres queridos, que arrojamos al río Cauca en el año 2000. Una de las madres me dijo que no me perdonaba, y yo le contesté lo siguiente, y es algo que siento de verdad: si no he sido capaz de perdonarme yo mismo, cómo esperar que una madre a quien le quité su hijo me perdone.

¿Usted realmente cree que hay una contrición verdadera de la gente en el proceso?

Esto lo hemos asumido todos con distinto compromiso. El termómetro de esto son las víctimas, y yo lo he asumido con responsabilidad, y he tratado de darle respuesta a las víctimas. Yo me he vinculado a cientos de hechos en los que la justicia no tenía idea que yo había participado, y muchos de connotación nacional, como la masacre del Aracatazo, como en el caso de la muerte de las personas que secuestré en la brigada. Yo nunca estuve vinculado al proceso, pero ahora lo estoy. Es que hay que contar la verdad, porque de esta guerra sólo se beneficiaron los ricos de este país. En esta guerra perdieron los pobres y nosotros, que estamos en la cárcel. Nosotros pusimos muertos y puso muertos el pueblo. Pero los ricos se beneficiaron. Hay que contar la verdad para que esas personas no sigan utilizando la guerra para beneficiarse económicamente.

¿Cómo fueron los tratos con las bananeras?

Nosotros llegamos a recuperar el control en el Urabá, ya que se venían presentando paros que perjudicaron a las empresas, y hacían paros cuando los barcos estaban afuera esperando, y la fruta, perdiéndose. Cuando llegamos al Urabá en febrero del 95, no hubo un solo paro más. Porque yo, personalmente, iba y obligaba a la gente a trabajar. ¿En beneficio de quién? De estas empresas exportadoras. Por eso yo también he dicho que estas empresas deben responder a esas víctimas.

¿Considera que la condena de 25 millones de dólares que le impuso la justicia norteamericana a Chiquita Brands por financiar paramilitares es irrisoria?

Vino a hablar conmigo un senador americano que me preguntaba si la plata que nos dieron las bananeras era para matar gente. Yo le dije que no era plata para matar gente específicamente, pero que con esa plata sí matamos mucha gente. Porque con esa plata compramos armas, municiones, le dábamos la alimentación a los muchachos. Yo creo que si nosotros, que fuimos partícipes de la guerra, en la parte material tenemos que responder en la reparación; las empresas que se beneficiaron de esa guerra también deben pagar, y no con una cifra precisa, sino con una reparación como debe ser, tratando de recuperar el tejido social de esa zona.

En todo ese exterminio en el Urabá, cayeron muchos miembros de la UP. Hábleme de ese capítulo.

Es muy importante. A muchos de los ex comandantes les ha dado miedo hablar de sindicalistas asesinados. Yo sí lo afronto porque creo que es una verdad que necesita el país. Y en el Urabá fueron muchos los sindicalistas que murieron. En el Urabá la UP era manejada por las Farc, y a esa gente no se le mataba por ser de la UP sino por el nexo con la guerrilla. Lo mismo que los sindicalistas: la guerrilla penetró el sindicalismo colombiano.

Y muchos inocentes murieron en esos señalamientos.

Sí. Murieron más inocentes que culpables. Pero es que la guerra es irregular, si no lo fuera, no morirían inocentes. Todas eran personas de civil que murieron en los pueblos. Nosotros sí cometimos muchos errores en el Urabá, porque nos basábamos en información que nos daban los comandos populares, que eran desmovilizados del EPL. Y matamos mucha gente sólo por el hecho de que ellos los señalaran. Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que muchos de los señalados eran por problemas entre ellos, que nada tenían que ver con la subversión y debido a eso, todas esas personas que nos engañaron también murieron a manos nuestras. Y las comunidades también son muy culpables, porque en algún momento llegábamos a una vereda y los convocábamos a la plaza y no faltaba el de la comunidad que señalara: ‘Es el de camisa verde’. Y nosotros lo matábamos. La misma comunidad los ‘sapeaba’. Eso fue un problema porque en un principio nos daban información que no era y muchos inocentes cayeron.

¿Y esa ola de homicidios, cómo la puede justificar hoy?

Muchos asesinatos los cometimos por el convencimiento del proyecto antisubversivo.

Por qué no se ha confesado la sevicia con que ustedes perpetraron muchas masacres? ¿Les da todavía urticaria de hablar de tantas atrocidades?

Estamos en la obligación de contarlas. Mi próxima versión va a ser para hablar sólo de masacres, como la del Naya, la de Alaska, de varias incursiones a Barragán, de la de Zabaletas. Vamos a contar cómo murieron estas personas y si hubo excesos de las tropas. Mire, se han generado muchas historias sobre los crímenes paramilitares. Yo ingresé como patrullero y llegué al Estado Mayor, y pasé por todos los estadios, y a mí nunca me enseñaron, en ninguna escuela, a descuartizar una persona o a beber sangre o a comerse dizque el hígado. Eso no me lo enseñaron. Son dificultades que se dan en las zonas. Matar gente se vuelve un vicio, como meter perico o fumar marihuana. Hay gente que se deja absorber de eso. Y llegan límites de la vida que ya son fuera de lo normal. Pero eso no era una directriz, sino que eran decisiones de los muchachos en el área.

¿Sus tropas qué tipo de excesos cometieron?

Cuando llegamos a Urabá decapitamos mucha gente. Se generó como estrategia para promover terror. Ya que nosotros éramos 20 hombres y allá había muchos frentes guerrilleros. Entonces utilizábamos situaciones para generarle terror a la población, para que nos tuvieran más miedo a nosotros que a la misma guerrilla.

Anónimo dijo...

http://www.cambio.com.co/portadacambio/788/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4432065.html


Agosto 6 de 2008
General (r) Rito Alejo del Río está a punto de regresar a la cárcel
Testimonios de tres jefes paramilitares ante fiscales de Justicia y Paz lo pondrían tras las rejas.


"No estoy de acuerdo con que a mí me digan 'el monstruo de Urabá' y al general Rito Alejo del Río lo llamen 'el Pacificador'", dijo Éver Veloza, el ex jefe paramilitar conocido como 'H.H.', en una de sus audiencias ante fiscales de Justicia y Paz, el 3 de junio de este año.

Su frase fue el preámbulo de la cruda descripción que el ex jefe de los bloques Bananero y Tolima de las Auc hizo sobre la criminal alianza entre sus escuadrones y la XVII Brigada del Ejército, entre 1995 y 1997, cuando la unidad militar estaba a cargo del general Del Río. Fueron los tiempos en que por los ríos Atrato y Cauca bajaban los cadáveres de las víctimas de una ofensiva sin antecedentes en las zonas de colonos en los límites de Antioquia y Chocó.

Pero además de las afirmaciones, 'H.H' -ad portas de ser extraditado a los Estados Unidos- lanzó una serie de preguntas: "¿Dónde está ese 'pacificador' que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción? ¿Dónde está el 'pacificador' que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio? ¿Dónde está el 'pacificador' que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de sus cuarteles?". Un tenso silencio se apoderó de la sala donde las víctimas seguían la sesión, en el edificio José Félix Restrepo, principal sede judicial de Medellín.

Era el segundo testimonio contra el general Del Río. El primero lo había dado Salvatore Mancuso en mayo de 2007, cuando se refirió al General como uno de los 'jinetes' de un proyecto que, según él, convirtió el paramilitarismo en una política de Estado.

En las actas de las primeras audiencias, Mancuso se refirió a Del Río como un interlocutor directo de Carlos Castaño e incluso narró algunos de los encuentros periódicos que tenían con el propósito de hacerle seguimiento a la estrategia diseñada en forma conjunta para "limpiar" a Urabá de focos guerrilleros, y en desarrollo de la cual campesinos y colonos fueron asesinados o expulsados y sus tierras utilizadas para proyectos de palma africana.

Testigos de cargo

El epicentro de las reuniones era la finca La 21, en San Pedro de Urabá. En ellas, según Mancuso, Castaño siempre estuvo acompañado por él mismo y por Freddy Rendón, 'el Alemán'. Y en cuanto a Del Río, dijo que "llegaba en helicóptero civil, pero siempre se presentaba uniformado". También afirmó que los miembros del 'estado mayor' de Castaño visitaron varias veces las oficinas de comando del general Del Río en Carepa. Y agregó: "Yo era uno más dentro de esa brigada".

Mancuso y 'H.H' coincidieron en una versión según la cual Del Río, con mapas de campaña y órdenes de operaciones en mano, les indicaba las áreas donde los hombres de las Auc podían concentrar sin problemas a los reclutados y aquellas donde podían habilitar centros de entrenamiento o actuar a sus anchas.

Las versiones de los dos ex jefes paramilitares son piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamindó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, en la época aciaga en la que Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII, y que hasta ahora han estado en la impunidad.

Un equipo especial de investigadores de la Fiscalía ha verificado más del 80 por ciento de los relatos. "La carga crítica de evidencias que hemos acumulado nos permite pensar razonablemente que Del Río muy pronto tendrá que darle la cara la Justicia", le dijo a CAMBIO uno de los fiscales. Según varias ONG defensoras de los Derechos Humanos sería una forma de enmendar un error histórico: el archivo del proceso que en 2001 llevó al General transitoriamente a la cárcel.

Regresa el pasado

En el seno del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el presidente Álvaro Uribe con Del Río, cuando él era gobernador de Antioquia y el General comandaba la Brigada XVII con sede en Carepa (11 de noviembre de 1995 - 16 de diciembre de 1997).

Un punto de referencia obligado de esa relación tiene que ver con el homenaje de desagravio que en 1999 le ofrecieron sectores de la derecha antioqueña a Del Río, en el Hotel Tequendama de Bogotá, poco después de que el presidente Andrés Pastrana lo retirara del servicio activo y el Gobierno de los Estados Unidos le cancelara la visa, y en el cual Uribe fue el orador principal.

En 2002, cuando Uribe llegó a la Presidencia, Del Río se convirtió en una especie de asesor especial del DAS y en esa condición se desempeñó hasta cuando diferencias irreconciliables con el entonces director del organismo, Jorge Noguera, lo llevaron a marginarse de la entidad.

Hasta ahora, el General (r) se había escudado en la preclusión de un proceso por promoción y fomento de grupos paramilitares y concierto para delinquir. La decisión fue tomada en 2004 por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio -hoy embajador en México e investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara-, quien en la misma semana en que asumió el cargo en agosto de 2001, cambió la cúpula de la Unidad de Derechos Humanos y frenó el proceso contra el General, proceso que finalmente ordenó precluir. La decisión fue duramente criticada por organismos internacionales de derechos humanos.

No obstante la preclusión, el pasado parece volver para pasarle cuenta de cobro al General con pruebas diferentes a las que antes obraban en su contra. Con el concurso de los desmovilizados, la Fiscalía ha logrado reconstruir acciones criminales en que los responsables aparecen con nombre propio: Mancuso, 'H.H.' y Diego Rivera, quien estuvo bajo el mando de Castaño. Los tres han revelado operaciones conjuntas con Del Río.

Por otra parte, pocos días antes de que la Corte Suprema de Justicia diera el visto bueno a su extradición, 'H.H.' pidió a los fiscales de Justicia y Paz oír otros testimonios que servirían para confirmar la complicidad del General en la masacre de Mapiripán, cometida por los paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997. El ex jefe paramilitar asegura que uno de sus compañeros, Elkin Casarrubia, 'el Cura', está en capacidad de contar en detalle cómo las tropas de Del Río protegieron la salida de los dos aviones en que los autores de la masacre viajaron de Carepa hasta Mapiripán, Meta.

Otro testigo que podría recobrar todo su valor es el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Brigada XVII cuando Del Río estaba al mando. Velásquez le dijo a CAMBIO que aún conserva copias de las cartas que en su momento envió a la cúpula militar en las que denunciaba que su superior inmediato trabajaba con los paramilitares.

Ocurrió el 31 de mayo de 1996, cuando Velásquez les informó a sus superiores, los generales Manuel José Bonnet y Harold Bedoya, que el general Del Río apoyaba a los paramilitares que operaban en esa zona y se negaba a perseguirlos pese al creciente número de asesinatos atribuidos a las fuerzas contraguerrilleras de extrema derecha.

"No existe en el señor Brigadier General, comandante de la Brigada XVII, el convencimiento de que la delincuencia organizada (llamados por la gente de la región paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá. Esto en mayor o menor proporción se irradia en los subalternos de acuerdo con el grado de formación profesional", dijo Velásquez en el mensaje a Bedoya.

Unos días después, el inspector del Ejército, general Norberto Adrada, revisó el caso y concluyó que Velásquez debía ser retirado del cargo. "El asunto era tan grave en Urabá que normalmente un comandante duraba un año en su cargo y Del Río fue el único que estuvo dos -recuerda Velásquez-. Al final de ese año Del Río fue condecorado por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, porque lo consideraban el pacificador de Urabá".

Velásquez asegura que hasta ese momento tenía una carrera militar excelente y lamenta que en Urabá solo se pudiera trabajar bajo dos condiciones: "Hacerse el de la vista gorda o trabajar con los paramilitares. Yo percibía una conducta omisiva en el general Rito Alejo del Río. Siempre que le planteaban temas de paramilitarismo sacaba el cuerpo".

Con Velásquez fuera del camino, el 24 de febrero de 1997 el general Del Río puso en marcha la operación 'Génesis' con los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrilla 35. Se trataba de la acción militar más ambiciosa en Urabá e implicó bombardeos y destrucción de asentamientos de población civil, en Chocó, donde hubo un desplazamiento masivo de más de 4.000 pobladores hacia Turbo y Pavarandó (Mutatá). La idea, según Del Río, era pacificar a Urabá y acabar con los asentamientos guerrilleros. Sin embargo, miles de civiles fueron los que padecieron las consecuencias.

Pero los cuestionamientos vinieron después cuando algunas autoridades, entre ellas la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo denunciaron que en algunas de estas acciones, las tropas al mando del general Del Río actuaron en connivencia con los paramilitares, peor aún en una cadena de masacres que vinieron después en el Urabá antioqueño y chocoano.

Comisiones nacionales e internacionales visitaron al general Del Río en las instalaciones de la Brigada XVII, en Carepa, para pedirle explicaciones sobre la plena libertad de movimiento de que gozaban los paramilitares en los territorios bajo su control, recibiendo siempre como respuesta que "no estaba enterado de que en la región existieran grupos paramilitares".

Durante casi todo 1997 un grupo de paramilitares montó un retén sobre la carretera que desde la ciudad de Apartadó conduce al corregimiento de San José de Apartadó, a tres minutos de la Base Militar acantonada en el barrio Policarpa. A pesar de los numerosos crímenes allí perpetrados, no hubo ninguna medida que restringiera sus actividades. En ese retén fueron asesinados y desaparecidos varios pobladores de San José de Apartadó, según precisa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde cuando empezó el proceso de Justicia y Paz muchos esperaban que salieran a relucir los nombres de militares y policías que actuaron en complicidad con las Auc.

Pero salieron a flote las alianzas de los paramilitares y los políticos y por ello el tema de la Fuerza Pública quedó stand by y solo hasta hace poco tiempo los militares empezaron a salir a escena. Aún a cuentagotas el país y la comunidad internacional empiezan a conocer hasta dónde llegó la connivencia entre la Fuerza Pública y las Auc.

La Fiscalía investiga nuevamente al general Rito Alejo del Río y ha abierto expedientes contra otros oficiales. ¿Será posible conocer por fin la verdad sobre el oscuro vínculo de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía con los paramilitares en algunas regiones del país?

CON LUPA INTERNACIONAL

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en marzo de 2004 el fiscal general Luis Camilo Osorio anunció que no formularía cargos contra el general Rito Alejo del Río quien era investigado por su presunto apoyo a paramilitares que habían atacado pueblos, ejecutado a líderes civiles locales y provocado el desplazamiento masivo y el grave sufrimiento de miles de habitantes del norte de Colombia entre 1995 y 1997.

Según HRW, en ese momento las pruebas contra el general Del Río eran lo suficientemente convincentes como para hacer que el entonces presidente Andrés Pastrana lo destituyera en 1998.

En 1999 el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa de entrada a ese país basándose en la existencia de pruebas fiables que lo implicaban en el "terrorismo internacional", entre otros crímenes. Sin embargo, el alto oficial no tenía procesos en Colombia.

LA CRUZADA DEL SACERDOTE JAVIER GIRALDO

El jesuita Javier Giraldo, lleva 25 años trabajando en la defensa de los derechos humanos y su contacto con comunidades afectadas por la violencia lo puso de frente al fenómeno paramilitar que, según él, tiene origen en el mismo Estado. Para él no hay duda de que las Fuerzas Militares participaron o se hicieron los de la 'vista gorda' con los paramilitares en el Magdalena Medio y Urabá, y considera que el caso de Rito Alejo del Río es un monumento a la impunidad.

Giraldo trabajó en el Urabá antioqueño en 1996 como miembro de la Comisión de Justicia y Paz, y apoyado en testimonios de campesinos de la región, sostiene que las tropas del general Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército, trabajaban de la mano con los paramilitares de la zona. En 2002, cuando la Fiscalía abrió investigación contra el militar, se presentó con el fin de hacer parte del proceso y entregó documentación valiosa y testimonios sistematizados de siete comunidades del Urabá antioqueño y el norte del Chocó, en la jurisdicción de la Brigada XVII.

Ha liderado ante la Justicia tres casos que de nuevo han cobrado vigencia: la presunta connivencia entre las tropas de los generales Rito Alejo del Río y Farouk Yanine con los paramilitares, y la participación de militares en la masacre de San José de Apartadó, Urabá.

OTROS CASOS

La Rochela. El 3 de marzo de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación contra el general (r) Farouk Yanine Díaz por su supuesta participación en la masacre de 19 comerciantes, el 6 de octubre de 1987, cerca de Puerto Araújo, Santander.

Yanine era entonces comandante de la V Brigada y de la II División del Ejército, en Bucaramanga, y tenía bajo su jurisdicción a los batallones del Magdalena Medio. 'El Negro Vladimir', un confeso paramilitar que participó en la masacre, lo involucró en los hechos pero el General (r)fue exonerado años atrás por la Justicia Penal Militar.

San José de Apartadó. El 15 de marzo de 2008, la Fiscalía ordenó la captura de 15 miembros del Ejército por el asesinato, el 21 de febrero de 2005, de 11 personas, entre ellas tres niños, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La decisión se basó en el testimonio del ex paramilitar Jorge Luis Salgado, quien declaró que la masacre tuvo el apoyo de las Auc.

Nexos con 'Jorge 40': El 4 de agosto de 2008, la Fiscalía ordenó la detención del coronel Hernán Mejía Gutiérrez y del teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por concierto para delinquir agravado. Según la investigación, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, Mejía Gutiérrez, en su condición de comandante del Batallón La Popa de Valledupar, y el entonces mayor Ruiz Mahecha, se habrían reunido con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40'. También los investigan por los asesinatos de Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra y Edwar Cáceres Prado, que fueron reportados como muertos en combate.

Masacre El Aro: En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de 15 campesinos en El Aro, Ituango, ocurrida el 18 de octubre de 1997, en la que participaron militares y paramilitares. En el fallo, lo consideró responsable de la masacre por acción, pues se demostró que participaron miembros del Ejército que recibían órdenes del entonces comandante de la IV Brigada, general Alfonso Manosalva, ya fallecido. Salvatore Mancuso señaló en versión libre, en enero de 2007, que se reunió con el general en las instalaciones militares para planear la masacre.

Anónimo dijo...

http://www.youtube.com/v/vTZQpgIlPBQ&hl=en&fs=1

César-in dijo...

¿Y qué vamos a hacer con Colombia? ¡Qué vamos a hacer en Colombia? ¿Qué vamos a hacer en el resto de esta América?

Anónimo dijo...

El grupo que gobierna en Colombia tiene la necesidad de culpar a las FARC sobre cualquier cosa violenta que ocurra. Esta es la razón por la que ministros y presidente se apresuran a afirmar tal cosa sin que hayan hecho investigaciones previas: es al instante.

La presencia en Cali de diversos grupos mafiosos acosados por el avance de las investigaciones que realiza el sistema judicial, además de estar enfrentados entre sí, pueden explicar mejor tales sucesos.

Esa idea la comparten los de la revista Semana, y también ocurre en Bogotá:
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=115263
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=73821

Creerle al Gobierno y a sus Fuerzas Armadas puede resultar una aventura de alto riesgo, en paticular para quienes juegan su prestigio académico como investigadores sociales. El caso de Bojayá (en el 2002 una bomba contra población refugiada en una iglesia causó 119 muertos) permitió al gobierno colombiano convencer a muchos europeos y latinoamericanos de que las FARC son un grupo terrorista.

La Revista Semana, aunque no sé cómo logró "investigar" y obtener declaraciones confirmando tal cosa, publicó una crónica al respecto:
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=21653

Sin embargo en mayo de 2008 dentro del proceso de justicia y paz, Freddy Rendón (conocido como el Alemán) confesó que fueron ellos los causantes de la masacre. Sobre esto también informa la Revista Semana, aunque no se excusaron por los resultados de su exhaustiva investigación anterior:

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=112284

Quedó claro que el hecho ocurrió mientras el ejército colombiano y los paramilitares se enfrentaban a las FARC en territorio de una de las tantas comunicades sobre las que con razón o sin ella se les acusa de colaborar con la guerrilla (el enfrentamiento se originó en la necesidad de sacar a las FARC de uno de sus territorios).

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=112237

Los atentados contra Vargas Lleras, un senador de rancia estirpe y representante de una línea de extrema derecha; o el de El Nogal, un sofisticado club social asociado con élites emergentes (leáse cercanas a las mafias y punto de partida del actual gobierno ), son otros ejemplos. El senador Vargas Lleras, luego de un atentado en su contra con una bomba, se opuso a la versión del presidente en una disputa con él en directo por televisión, pues parcecía conocer mejor las intenciones de asesinarlo por parte de ciertos grupos relacionados con los narcos y con el partido político del presidente.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=91040

En el caso del Nogal, la fiscal que investigaba el atentado con una bomba de gran poder (destruyó gran parte de esa inmensa mole de varios pisos) fue retirada por afirmar que la investigación no podía centrarse en las FARC porque existían otras posibilidades que no se podían descartar, como podría ser que el atentado fuera parte de un enfrentamiento entre mafiosos.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=69326
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=75454

Los líos de la fiscal del caso ocuerron cuando el Fiscal General de la Nación, hoy acusado por sus relaciones con el paramilitarismo.
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=78301

Con todo esto tampoco quiero decir que las FARC son inocentes de cualquier cosa que se les pueda imputar pues están en guerra y en las guerras se mata y se muere. Sin embargo la justicia podría avanzar más y la población podría escoger mejor sus gobernantes si se supiera la verdad.

Entre tanto, los académicos podríamos elaborar mejor nuestras opiniones si nos atenemos un poco más a la lógica de las mafias, de las dictaduras, de los medios de comuniación controlados por las élites y de las luchas guerrilleras.

Dentro de esas lógicas se puede entender la queja del General Gilibert -Director General de la Policía durante el gobierno de Pastrana- respecto a que "parecía haber una connivencia entre la población y las FARC pues durante en los ataques de las FARC los habitantes de los pueblos no resultan afectados", concluía que la única explicación era que la población sabía cuando se produciría cada ataque. Este comportamiento es lógico porque la única forma en que la guerrilla puede sobrevivir y progresar es ganando la confianza de la población y moverse como pez en el agua (se puede leer en todos los tratados escritos por guerrilleros triunfantes, como Mao). Esa lógica también explica que se apliquen los manuales de operaciones sicológicas en contra de la población con el propósito de quitarle el agua al pez. sus resultados son más de 10 mil muertos y más de 3000 fosas comunes, tan solo en Antioquia, la tierra de Álvaro Uribe, en donde se iniciaron las Convivir, unos grupos de autosdefensa que devinieron en el paramiliatrismo conocido. Colombia es el país con la mayor población desplazada del mundo, unos 4 millones de habitantes campesinos pobres.

La lógica de la extrema derecha asociada a las mafias y las dictaduras es gobernar escudados en el terror, requieren entonces de una amenaza constante que nos mantenga en el filo que separa la vida y la muerte: eso explica el ascenso y atornillamiento en el poder a punta de bombas en falsos atentados y de criminalización a quien no queda convencido.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=105924
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98480
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=97389
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=97057