25/8/12

Va a ser esto...


Me parece entender que lo que nos estamos jugando en Siria es algo así como la tercera guerra mundial de baja intensidad…
Intuyo que el golpe de estado financiero en el Norte va a dejar millones de víctimas tan alienadas que no levantarán la voz para exigir sus derechos…
Aprendo en Estados Unidos que hay violaciones buenas y violaciones malas y que las mujeres que sí saben bloquean sus cuerpos de forma espontánea ante los espermatozoides de un cabrón violador…
Me huele que lo de Grecia es una venganza de los dioses contra Platón por aquello de negar el mundo de las sensaciones y condenarnos a la puta razón. Ahora, son razones de Estado las que le imponen a los griegos para condenarlos a no sentir ni el hambre…
No sé cómo interpretar la derretida temporada en el Ártico, la muerte de los bosques, el que hayamos tenido que pedir una hipoteca ambiental para seguir respirando…
Y yo, mientras, con esta piel conmovida…
Y en mi, todo es nascencia no planificada…
Y a mi alrededor… se conmueve el planeta de placer y alados pétalos de aliento…
Y es que, a mi, se me escapa esta sonrisilla cada vez que pienso en vos y se me duplica el alma cada vez que estoy en vos…
Va a ser eso…

La violencia legal y la trampa de las palabras


(Publicado el día 25 de agosto en la sección de opinión de El Diario Montañés)

Los ciudadanos estamos sometidos a múltiples trampas. Demasiadas. Las más peligrosas parten del uso torticero que se le da a las palabras y a los conceptos. En Occidente somos presos de nuestros propios inventos. Uno de los más perversos es del “contrato social”. La idea, nacida en pleno siglo XVII, se le ocurrió por primera vez a Hobbes, pero ahora tertulianos y políticos siguen hablando del “contrato social” como si cada recién nacido untara su dedo en tinta y rubricara un documento notarial con los términos del acuerdo. Fíjense que el contrato social, que Rousseau maquilló para hacerlo parecer como  “voluntario”, es la fórmula que encontró el bueno –y fan del absolutismo- de Hobbes para obligar a los ciudadanos a renunciar a su “libertad natural”. Con el tiempo mejoró la  teoría para hacerla más digerible hasta que John Rawls dejó claro ya en el siglo XX que para que el contrato funcione es imprescindible “un velo de ignorancia” en las masas que lo aceptan sin rechistar.
Las palabras las carga el diablo y el diablo de la democracia capitalista occidental cargó el “contrato social” para jugar a la ficción del acuerdo, de la coerción consentida, de la delegación de la única violencia legítima en el Estado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el Estado es ilegítimo, cuando lo controlan fuerzas que nada tienen que ver con la representación política, cuando estamos sometidos a la tiranía financiera y a la angurria empresarial…?
Las palabras las cargan los diablos del poder y son luego sembradas impunemente por los jornaleros de la “socialización” desde los medios de comunicación, las escuelas, los púlpitos y los entornos familiares. El “miedo” a la ley (que no respeto), la “resignación” ante las leyes injustas (que no la aceptación), el “conformismo” ante los designios de la vida (que parte de la indolencia inducida)… Las palabras en sí no son peligrosas. Lo dañino es el uso de ellas.
Uno de los ejemplos más evidentes es el de “democracia”. Los portavoces de el poder han elevado este palabro al altar de lo sagrado e intocable pero le han quitado intencionalmente todos los apellidos. Se puede tener una democracia representativa o una democracia directa, una democracia electoral o una democracia participativa, se opta por la democracia capitalista o por la democracia comunitaria, por la democracia monárquica o por la republicana y, por si fuera esto poco, se pueden combinar varias de estas formas para llegar a la deseada.
La palabra “democracia” sin apellidos no quiere decir nada. Pero los medios del poder han convertido a esas 10 letras en la línea roja de la crítica: no se puede cuestionar. Tampoco se puede hacer un análisis crítico de las leyes que nos rigen; leyes que, por cierto, redactan los mismos políticos que luego van a la cárcel por corruptos o pasan a la galería del olvido por su falta de brillantez. Por eso el “contrato social” es líquido… depende de la volunta de una sola de las partes contratantes y los jueces, por tanto, no son seres magnánimos y justos, sino aplicadores racionales de unas leyes que ni ellos han hecho ni tiene por qué ser justas.
En este juego de las trampas semánticas, los que controlan la partida suelen calificar de demagogos a los que utilizan otras palabras, como “justicia”, “equidad”, “solidaridad”, “horizontalidad” o “participación”. Cuando se nos ocurre exigir “derechos”, en seguida sacan la batería de “deberes”; cuando planteamos una mejora de la sacrosanta “Constitución”, se nos recuerda que es la base intocable del “contrato social”; si cuestionamos el “enriquecimiento” de unos pocos, nos hablan de la “creación de valor” y nos llaman “holgazanes”; si pedimos “participar” en las decisiones clave sobre nuestro futuro, nos remiten al “derecho a voto” (el único que jamás nos quitarán mientras puedan manipularlo).
No es que las palabras viciadas puedan triunfar por sí mismas. Para posicionarlas y garantizar su hegemonía se utiliza una violencia sin sangre que provoca más víctimas que una guerra pero que hace menos ruido que una pistola con silenciador. Se indignan pues ante la expropiación de cuatro bolsas de lentejas en un supermercado, pero no ante el robo a mano bancaria de las preferentes; consideran que los “antisistema” (otro palabro de moda) son violentos desde que cruzan el umbral de su casa, pero les parece “democrático” y “proporcional” impedir el acceso de los ciudadanos al parlamento que supuestamente les “representa” y dispersarlos con bombas lacrimógenas, bolas de goma y una considerable dosis de mala leche aplicada por otros trabajadores sin derechos que se llaman policías.
La violencia física es espectacular, mediática, utilizable. No hay más que ver algunas portadas de algún periódico de circulación nacional gratuita dominical para comprobarlo. Pero la violencia estructural, más discreta aparentemente, tiene consecuencias más duraderas, profundas y dañinas. La exclusión, la educación de mala calidad, la denegación de atención sanitaria, el déficit democrático participativo, la soberbia de los gobernantes, la violencia económica, la estigmatización de jóvenes o de inmigrantes, las mentiras repetidas por aquellos que supuestamente nos representan…. eso vende poco pero acontece todos los días.
El gran éxito de este sistema tramposo sobre el que descansa el poder de unos cuentos en toda Europa o en Estados Unidos es que una gran masa de ciudadanos se han convertido en “defensores voluntarios” del delirio y de la violencia estructural. Al igual que en tiempos de dictadura o de gobiernos absolutistas, sólo sufren las peores consecuencias los que ven al emperador desnudo. A ellos les debemos agradecimiento, aunque ahora no nos demos cuenta. Son el único contrapeso a la violencia sin sangre que se ensaña con ellos y les deja en sus cuerpos cicatrices reales. El resto, se quedan viendo los estériles debates en las televisiones talibanes, protegen sus tristes ahorros con uñas y dientes, tienen pánico al caos que las masas incultas y pobre pueden provocar y, por eso,  le apuestan a que los políticos -a los que tanto critican- y la policía –en la que delegan gustosos el uso de la violencia oficial- hagan el trabajo sucio. 

24/8/12

Las medidas que nunca se adoptarán



Vamos a contar imposibles. Al menos, imposibles con este sistema político económico sostenido por dos partidos políticos tan crimi-institucionales como los dos principales sindicatos del país. Hoy es viernes y... ya saben, en España, los viernes se adoptan "paquetes" de medidas para salvarnos de la ruina y hundirnos en la indignidad. 
En este país de binomios, yo me pongo chulito y me quedo con el número cinco: cinco paquetes de medidas lógicas si se cree en el Estado del Bienestar (no digo que yo crea en este modelo socialdemócrata descafeinado) y que deberían servir para mejorar la gestión, las cuentas y la decencia pública. Hay muchas más propuestas, éstas son solo un ejemplo; si quieren conocer el resto, hagamos una Constituyente Plural y así las discutimos ¿les parece?
Aclaración previa: en un Estado del Bienestar todas y todos los ciudadanos pagan sus impuestos y el Estado les garantiza el ejercicio de una serie de derechos (que NO servicios). Si renuncian a ejercerlo desde lo público y optan por lo privado es SU problema… los impuestos los deberán seguir pagando.

1 / SALUD.  Es fácil. Los médicos que ejerzan en el sistema público y que devenguen un salario JUSTO del Estado no podrán participar del sistema privado. Al igual, los ciudadanos que opten por un seguro privado de salud en cualquiera de sus modalidades saldrán inmediatamente del sistema público de salud. Si dejan de tener cobertura privada volverán de inmediato a lo público. Esto significa que quien tenga un seguro privado NO podrá obtener recetas por el sistema público, ni hacerse pruebas, ni operaciones complejas y costosas, excepto cuando la sanidad privada del país no disponga de la tecnología adecuada;: en ese caso prima el derecho del ciudadano sobre su renuncia a lo público.

2 / EDUCACIÓN. Más fácil aún. La educación pública, gratuita y obligatoria la ofrece el Estado. Se cancelan todos los convenios con los denominados “colegios concertados” en un plazo de dos años, el tiempo suficiente para construir los centros educativos necesarios (Claro, que se puede implementar de una si se transforman aeropuertos, centros de interpretación y demás megainfraestructuras inútiles como centros educativos). Quien quiera un colegio o instituto privado que lo pague, sin ninguna subvención del Estado ni a los padres (nada de cheque educativo) ni a los centros privados (negocio es negocio). En los centros públicos se cumple la Constitución, así que nada de religión en un país aconfesional y se recupera Educación para la Ciudadanía con los contenidos volcados a la convivencia y a la solidaridad. Los profesores que trabajen en el sistema publico y perciban un salario JUSTO no podrán ejerce en la educación privada (ni en una pinche academia).

3/ VIVIENDA. Aprendan de Marinaleda (sonrisa sarcástica). En lugar de vender el suelo o los bienes muebles públicos se ponen a disposición de cooperativas previamente constituidas (ver punto 4) que autoconstruirán las viviendas según modelos sostenibles con ayuda de expertos de ese ministerio que debería ser de obras públicas (y no de concesión de autopistas privadas). Las viviendas quedan en régimen de alquiler de bajo costo (máximo 150 euros al mes) por un periodo máximo de 60 años (según tabla de edad y esperanza de vida) con lo que se pagan los gastos comunitarios y de mantenimiento. La vivienda no es transferible de forma privada, pero la familia o persona que tiene una puede solicitar al sistema público de vivienda la permuta en otra zona o ciudad. El stock de viviendas cerradas o sin terminar se pone en movimiento. Toda vivienda que lleve cerrada más de un año debe ser alquilada o puesta en el mercado (con un sistema regulado de precios máximos). Si después de un tiempo prudente los propietarios se niegan a ponerla en circulación, se nacionaliza (pagando un precio de tasación JUSTO) y pasa al sistema público de vivienda.

4/ ECONOMÍA SOLIDARIA. Nada de emprendedurismo, eso es una farsa que convierte a cada persona en su propio explotador. El Estado pondrá en marcha un plan radical y masivo de cooperativas a conformar con personas que están en el paro, con asesoría de expertos funcionarios en cooperativismo y economía solidaria (si no hay en el país se pueden importar). Las cooperativas se establecerán en sectores estratégicos del país buscando el abaratamiento de algunos productos (sector alimentación, textiles etc…) o el establecimiento de nuevos sectores productivos (energías renovables, investigación aplicada, nuevas tecnologías, servicios a la dependencia, etc…).

5/ GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. Si dicen que la administración de los dineros del Estado es como manejar la pírrica economía familiar… ¡todas y todos podemos hacerlo! Aplicación inmediata del sistema más avanzado de “presupuestos participativos” para que desde la unidad más pequeña del campo (aldea) o de la ciudad (barrio), hasta municipios, provincias, comunidades autónomas y presupuesto general del Estado se decida de forma colectiva después de un proceso de consulta libre, informado y vinculante. De igual manera se debe establecer la “fiscalización ciudadana” de la ejecución de las obras o de cualquier acción que suponga el uso de fondos públicos.