¿Quién defiende la legalidad?

Artículo publicado hoy en La Prensa

EL MALCONTENTO
¿Quién defiende la legalidad?

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Los magistrados de la Corte Suprema están perturbados. Desde hace 90 días, unas señoras terriblemente insistentes se empeñan en recordarles que la realidad existe fuera del ‘palacio’ donde, aislados del mundanal ruido, toman decisiones que destrozan o apañan vidas reales. El ruido se les metió a las oficinas. Estas señoras –aunque también se suman hombres a la lucha vocal- les gritan todas las mañanas que lo que hicieron al legitimar el cambio de reglas del juego respecto a las construcciones en las áreas revertidas (Ley 12) no solo es una vergüenza, sino que supone una burla al Estado de Derecho. El MIVI hizo la trastada y nuestra injusticia oficial la avaló.
Las vecinas y vecinos de las áreas revertidas se están convirtiendo en ejemplo de tenacidad y de dignidad. Son el extremo opuesto –en cuanto a clases sociales- a los campesinos y campesinas que acamparon durante semanas en Plaza Catedral y a los que el presidente estafó dos veces: una por priorizar los intereses de los inversionistas por los de los ciudadanos, la segunda por recibirlos y hablar de compromisos solo para que levantaran las carpas de la dignidad y dejaran de afear la ciudad. A los dos movimientos los unes la defensa de sus derechos y la protección ante la discrecionalidad del poder, acostumbrado a utilizar a los ciudadanos en función de sus intereses.
Algo está pasando. Ante la terrible venta a cachitos de este magnífico país –en Panamá no solo la sonrisa de Blade es gratis, también los apaños, la aprobación de los estudios de impacto ambiental mentirosos, y los cambios de zonificación de los terrenos-, cada vez más movimientos comunitarios y ciudadanos se levantan para proteger no solo sus vidas sino la legalidad y la tan cacareada institucionalidad.
Miren que curioso: mientras los ultraderechistas de pro y los funcionarios del gobierno acusan a cualquier movimiento de protesta de querer desestabilizar el país y de ser el brazo gritón del bolivariano movimiento chavista, resulta que en realidad lo que piden los ngöbe de Charco La Pava, los naso de Bonyic, los vecinos de San Carlos, los residentes de las áreas revertidas, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos y demás seres bellos que dedican tiempo y energía a estas luchas es, simplemente, que las leyes de la República se cumplan y que los ministerios y autoridades varias del Estado (incluida la Justicia y la Asamblea) ejerzan a cabalidad las funciones que les atribuye la Constitución.
El problema del país, entonces, no es de fragilidad institucional sino de escapismo institucional. Obviamente, nada tiene que ver esta omisión con una vagancia genético-cultural o con el calor tropical –típicas excusas para limpiar de responsabilidad a los funcionarios-, sino con un complejo entramado de intereses de los que se enriquecen a costa de este país todos los días. En realidad, la única legalidad que atenta contra el buen funcionamiento de las cosas es la que tiene que ver con las sociedades anónimas y fundaciones privadas, que llena los bolsillos de los despachos de abogados locales al tiempo que impide la transparencia en un juego de confidencialidad que ha privatizado el cohecho y la corrupción de todo tipo.
Son pocas y pocos los que han decidido dar el paso de la movilización social, es cierto. Pero las semillas son así, pequeñas y esparcidas, y en cuanto el jardinero se despista tiene una plaga de paja canalera inundando su predio.
La semana pasada, a la misma hora en que unas 40 personas celebraban el primer aniversario del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), imagino que Albrook Mall o Multiplaza debían estar a reventar de consumidores ajenos a los abusos de los que son víctimas todos los días. Esas 40 personas celebraban con cierto gesto de tristeza porque a la gente de Ciam se le ocurrió poner sobre un mapa todas las concesiones otorgadas por este gobierno para minería mineral a cielo abierto, para hidroeléctricas, para extracción de arena del mar y para complejos turísticos. Lo que quedaba no era el mapa de Panamá, sino un territorio perforado que no respeta parques naturales ni asentamientos humanos. Las miles que se entretenían en el ruido y la sobreoferta de las nuevas catedrales del siglo XXI algún día deberán agradecer a la minoría activa que comenzaran a defender los intereses comunes en este mundo de individualismo.
Por mi parte solo tengo dos deseos. El primero es que todos estos movimientos sociales aguanten el tiempo necesario, que no se desanimen ante el tamaño de los retos. El segundo es que Martín Torrijos, Ligia Castro, Balbina Herrera, Andy Ferrer, Colamarco, Delgado Diamante y el resto de sus cómplices –cualquiera que tenga un cargo de responsabilidad en el Gobierno-, así como los empresarios panameños que se están llenando los bolsillos a costa de este país y de sus gentes sufran de un insomnio eterno que los haga arrastrar unas ojeras inmunes al botox y a las operaciones estéticas que bien se pueden pagar. Que así sea.
[C. cede este espacio hoy para denunciar cómo AES Changuinola a desalojado forzosamente de sus casas en Charco La Pava a las familias de Carmen Santos, Melita Abrego y José Morales. Todo por el desarrollo mientras usted lee este artículo en su casa. No esté tan seguro.. algún día el desarrollo puede pasar por en medio de ella.]