(In) seguridad jurídica bananera

EL MALCONTENTO


Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Todo empieza con las bananeras, sí. Miento, todo empieza con la conquista, pero eso es más atrás. La “legalidad” que nos interesa comienza con las bananeras, o cuando amplias porciones de un territorio como este fueron regaladas a las bananeras. Igual sucedió en el resto de Centroamérica y eran ellas, las bananeras, las que ponían y quitaban gobiernos, las que dictaminaban parte de la política, las que acomodaban las leyes a su antojo.

De ahí viene el muy despectivo calificativo de repúblicas bananeras, que ha quedado en la historia de la semántica desagradable para denominar a todos los países con escasa gobernabilidad y menos soberanía.

Bueno, acá, en Panamá, las bananeras ocuparon miles de hectáreas en Chiriquí y en Bocas del Toro y jugaron con el territorio como quisieron. En Bocas, el Estado era la United Fruit Company y fue ella la que en los 60, supuestamente, vendió terrenos a Ganadera Bocas, a la familia Guardia.

El inicio de la supuesta legalidad que ahora reclama Mario Guardia en su litigio con las comunidades naso de San San Drui y San San está viciado.

En aquellas épocas, las tierras se vendían, compraban u ocupaban sin importar si sobre ellas moraban personas. Tratados como animales o, en el mejor de los casos, como mano de obra, los indígenas o los colonos pobres eran invisibles, un pequeño problema a extirpar cuando fuera necesario.

La seguridad jurídica funcionaba para un lado, como ahora, no para el otro. En este pequeño cuento que les echo llega el momento de la democracia, del nuevo estado de derecho, de la Constitución, de los convenios internacionales, de la supuesta justicia social. Pero este nuevo Estado se funda sobre las cenizas del viejo, del régimen del gamonal y de las cuatro familias que a la sombra de los colonizadores –españoles primero, colombianos después y, finalmente, estadounidenses disfrazados de Canal, de banano o, ahora, de AES– siempre se han beneficiado de la explotación de sus connacionales. Esas ruinas sobresalen demasiado, aún hoy.

El pasado jueves, sin que mediara orden judicial alguna e ignorando ocho meses de negociaciones, protestas y mediaciones nacionales e internacionales, el gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, a modo de virrey colonial, desalojó con 150 antimotines a estos nasos de la ribera del río Drui. Fue violento, desproporcionado, el uso de la fuerza e ilegal. Pero… qué más da.

El Estado da seguridad jurídica a los grandes inversionistas o a los mafiosos que lavan plata o a la familia –que para eso lo es, aunque luego la detengan en aeropuertos charros–. No hace lo mismo con los ciudadanos de cuarta, la mayoría del país, los excluidos, los que solo valen si son obreros, limpiadores de rastrojos, de casas, jardineros: no ciudadanos que exijan sus derechos, no miembros de pueblos originarios, no madres dignas, no hombres valerosos.

Las organizaciones y los abogados que colaboran de manera solidaria con los nasos –“desestabilizadores” los llaman algunos– van a interponer acciones legales contra el ministro Rambo Mulino y contra las otras autoridades implicadas, pero la justicia es lenta y no corre cuando se trata de indígenas perdidos en la provincia sin ley que es Bocas. Mientras… la resistencia, tratar de aguantar el tirón, las mentiras de los funcionarios –¡Mulino ha llegado a decir que los nasos tienen comarca!–, las trampas que trata de tender política (anti) indigenista…

Nada más… bueno y agradecer a los ciudadanos y a los medios de comunicación que ahora sí entienden que la lucha de pueblos como este, o como la de los cuatro que resisten en Charco La Pava, o la de los que no se han dejado comprar en Coclesito y tantos a lo ancho y largo del país es una pelea por el futuro de todos. Estos días, los nasos no se han sentido solos. Guardia, si es que tiene amigos, sólo escucha el silencio de su no–conciencia; Mulino, el ruido de su saña contra los que son del pueblo pero no tienen zapatos; Becker, el atronador rumor de los vendidos; José Isaac Acosta, la bulla de la vergüenza de traicionar a los suyos... Ojalá puedan dormir en paz, no como las 200 personas que se mojan y sufren desde que les tumbaron, por segunda vez, sus casas.