¿Recuerdan Changuinola?

(El Malcontento del 17 de octubre)

Deben estar orgullosos todos los participantes en la mesa de diálogo (¿diálogo?) sobre la reconvertida Ley 30. Los intereses de grupo han sido salvaguardados (empresarios, sindicatos y ambientalistas se dan palmaditas de autocomplacencia) y el Gobierno sale con una imagen reforzada como el conciliador que no es. Mientras, las víctimas de Changuinola, los cientos de heridos, las decenas de personas que han perdido la vista y las familias de los al menos cuatro asesinados han vuelto al injusto silencio del olvido del que nadie ha tratado de rescatarlos.

En un sistema participativo hay que negociar, ceder unos y otros para llegar a acuerdos que permitan seguir adelante y no quedarse atrapados en un enfrentamiento sin fin. Pero no a cambio de la sangre y del dolor del resto.

A la mesa de negociación sobre la Ley 30 se llegó, por desgracia, debido a la crisis de Bocas, a la brutal represión aún sin culpables, al disminuido Acuerdo de Changuinola… pero en esa mesa nadie se acordó de Antonio Smith ni de Virgilio Castillo ni de Leandro Santos ni de Rubén Becker ni de los cientos de víctimas que pusieron su carne para que se negociara la letra.

En los primeros días, los sindicatos hacían soflamas invocando el espíritu de Bocas y el Gobierno juraba rectificación… Nadie habló de un proceso de verdad, justicia y reparación, que debió ser el primer punto de la negociación y sin el cual no se debió seguir discutiendo.

El decreto que creó la supuesta comisión de investigación la comandaba para buscar las raíces históricas, económicas y sociales del conflicto, como si los gorilas del poder no tuvieran responsabilidad en el entuerto. Por supuesto que ese decreto no comandaba a la comisión para buscar a los responsables (eso lo debería hacer la justicia del país, pero eso, ya lo sabemos, no va a ocurrir).

Todo ha vuelto a la normalidad. Los sindicatos seguirán con su estatus actual, los empresarios seguirán tratando de violar el Código Laboral y evadiendo impuestos, los ambientalistas se felicitarán ingenuamente por la salvación de los Estudios de Impacto Ambiental con los que vendió el país el anterior Gobierno y éste y Changuinola, ¡ay Changuinola!, seguirá siendo un punto en el mapa del territorio y un agujero negro en la cartografía de la justicia. Unas cuantas becas estudiantiles, unos subsidios para fertilizantes, casas para 90 (¡90!) familias pobres y la desidia histórica instalada otra vez en sus polvorientas calles fumigadas de tóxico por cortesía de la Bocas Fruit Company (la silenciosa culpable que perpetua el sistema de esclavitud moderna que se arrastra desde hace más de un siglo).

Y este pueblo, tranquilo. Las encuestas dan un leve repunte para el máximo mandatario, que está en este momento rifando proyectos en las repúblicas caníbales asiáticas; Mulino y Cortés siguen con sus salarios aunque hayan bajado el perfil; la Procuraduría no ha concluido (quizá ni ha empezado) ninguna investigación sobre los responsables materiales ni intelectuales de la represión en Changuinola, y todos los que osamos criticar esta realidad caemos en el pozo de los “radicales” que no quieren que el país avance.

Normalmente, acusamos (acuso) a los gobernantes de no pensar en el interés público, pero creo que es hora de señalar que todos los sectores sufren de la misma enfermedad. Miradas estrechas y sectoriales que permiten defender a los tiburones mientras la gente malvive acostumbrada a que sus derechos valgan tan poco como la sangre de los mártires de Bocas; que salvaguardan el derecho a huelga pero que no buscan el derecho al pan o a la vivienda digna; que protegen el crecimiento del PIB pero que no buscan disminuir los escandalosos porcentajes de desnutrición crónica en un país que se dice desarrollado…

Es triste el resultado, pero no es sorprendente. Panamá, un país que ha librado luchas históricas contra la ocupación y sus oligarquías, duerme en un letargo no estudiado desde la invasión de 1989. Ahora, podemos constatar que vivimos en la democracia de los comerciantes, donde todo se negocia: los contendores, los terrenos, los puestos en la Corte Suprema o en la Asamblea y, por desgracia, la vida de los que se atreven a salir a la calle para airear su dignidad.